Luciano Valle Acevedo : El tema es la moral cívica.

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Luciano Valle Acevedo. Cientista Político

En el mes de marzo de 1987 Don Clodomiro Almeyda Medina, ex Canciller de la República, socialista de toda una vida  se presentó ante un Juzgado en Santiago.  Don Cloro remeció el cuadro político de ese entonces  con su audaz ingreso al país y contribuyó con su presencia a un reordenamiento decisivo del arco de fuerzas democráticas.

Pesaba sobre el Canciller Almeyda una  denuncia, majaderamente repetida por los voceros dictatoriales, por una supuesta malversación de 45 mil dólares de las cuentas del ministerio de RREE. Era una típica acusación  injuriosa, cobarde, propia de  gentes sin honor.

El Magistrado le sobresello de inmediato y le decretó 2 meses de arraigo. La dictadura lo relegó a Chile Chico en virtud del artículo 24 transitorio de la institucionalidad de la época.

 Así como en relación a Clodomiro Almeyda, una dictadura indecente que falsificó escenarios y contextos para asesinar a opositores, no pudo alterar y falsificar pruebas incriminatorias, tampoco pudo hacerlo con ninguno de los líderes y dirigentes de la Unidad Popular. Simplemente no pudieron porque se trataba de dirigentes políticos que entendían y asumieron la política como vocación y construcción social y nunca como simples carreras personales y de enriquecimiento.

Hombres de derecha como Don Julio Subercaseaux, diputado conservador, pusieron su esfuerzo y talentos antes que enriquecerse con la actividad política. Qué decir de Bernardo Leighton, Rafael Agustín Gumucio parlamentarios DC, de Manuel Cantero, diputado comunista o de los socialistas Don Haroldo Martínez y Albino Barra Villalobos.

Es bueno recordar y divulgar antecedentes como estos que honran la historia republicana.

Justamente por estos días el cuadro es vergonzoso  en lo que se refiere a la materia. De una parte se conocen los  irritantes antecedentes que emergen a propósito del llamado caso PENTA que devela una deshonesta  relación entre “empresarios” y políticos, principalmente de derecha con pasado y génesis en la dictadura, que burlan groseramente la fe y confianza pública.

De otra, se conocen todos los esfuerzos por relativizar el ilícito  que hace la UDI repitiendo majaderamente argumentos que no hacen a la esencia del problema  así como la agresividad  y desvergüenza   con que contraataca e intenta confundir a la opinión pública.

El problema es mucho más profundo en lo que se refiere a la actividad política y al ámbito de lo público en general y no se acota solo a la transparencia y la relación entre política y dinero.  Se trata de un cierto acostumbramiento y tolerancia frente a la inmoralidad cívica.

Inmoralidad cívica es que una diputada de la UDI formalizada por fraude al fisco, libró simplemente pagando una suma de 30 millones luego de un acuerdo a que llegara con la Fiscalía.  Es quizás lo mínimo exigible. Pero ello no extingue el daño a la fe y confianza pública. El dinero devuelto que ha sido adquirido maliciosamente no basta para restaurar la decencia que deben observar las prácticas políticas. ¿Pasará lo mismo con otras investigaciones en curso como las del GORE de la V Región?  ¿Podría ocurrir lo mismo con una persona que habiendo robado  unos kilos de carne y 78 mil pesos en un negocio es sorprendido a la salida por la policía? Vale decir que podría devolver lo sustraído y con ello quedar libre de toda sanción. Parece probable que no ocurriría de este modo.

Los empresarios de PENTA, de las farmacias, de la Polar o del caso cascada están violando principios elementales del derecho como el de la prohibición del enriquecimiento sin causa. Deforman el mercado, su ética y transparencia requeridos para cumplir adecuadamente, en su ámbito, su rol en la  distribución de recursos. Y eso lo hacen quienes justamente, en su discurso político, sacralizan al mercado.

Los involucrados en el caso PENTA están deformando la convivencia pública en su dimensión de tratamiento de los problemas comunes a la sociedad, es decir, a la política y su quehacer. Atentan directamente contra la democracia y demuestran, una vez más, que solo la entienden instrumentalmente para sus intereses. Se trata de prácticas antidemocráticas, autoritarias y de desprecio por el conjunto de la sociedad y sus instituciones.

Todo esto es la demostración empírica del peso abrumador de los valores del poder, el dinero y el éxito sin mediación alguna de valores. Son las expresiones culturales e ideológicas del cinismo y la hipocresía que portan las visiones neoliberales.

Siendo la política el espacio donde se procesan las ideas subyacentes en la sociedad corresponde a la ciudadanía, a sus instituciones y particularmente al sistema de partidos, reaccionar con vigor ante quienes, sean de donde sean, dañan y vulneran valores esenciales como la confianza, la reciprocidad y el respeto a las normas elementales que ordenan nuestra convivencia.

La indignación debe expresarse en una aplicación rigurosa y ejemplar de los mecanismos jurídicos con que se cuenta como así también en  la perfección de los mismos para el futuro. Quienes dañan al quehacer político dañan a la democracia y con ello a la sociedad entera.

Los demócratas  saben lo que  significa la conculcación de los derechos democráticos, la falta de transparencia,  el abuso y la arbitrariedad. Por lo mismo sabrán, distinguiendo lo esencial de lo accesorio, apoyar con todas sus energías la generación de un marco legal y jurídico, social y cultural que otorgue el sitial que merece la ética y la  moral cívica.