Formalizan a 2 universitarios quecolocaron bomba de ruido en UCV

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  • Intendente Bravo acudió hasta el Tribunal de Garantía de Quillota donde se querello por esta acción. Los autores no obstante, quedaron en libertad

Dos jóvenes fueron detenidos y formalizados por el hecho ocurrido el 11 de septiembre e Intendente Regional se querelló en su contra

IMG_6183 Tras su formalización en el tribunal de garantía de Quillota, I.O.C. y T.P.G. estudiantes de la PUCV  de la UNAB, respectivamente quedaron en libertadpese a estar confesos de colocar artefactos de ruido el 11 de septiembre pasado en la Facultad de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso con sede en el sector La Palma de Quillota.

Hasta esa ciudad se trasladó esta mañana el intendente regional, ingeniero Ricardo Bravo quien junto al gobernador de Quillota, César Barra presentó una querella en contra de los muchachos como posibles responsables de tres bombazos.

A la audiencia de formalización concurrió igualmente el fiscal exclusivo para los casos de bomba en la región, Pablo Avendaño.

La detención de los inculpados estuvo a cargo de la PDI, cuya jefa de brigada Rosita Torres Soto manifestó que los jóvenes no prestaron ningún tipo de resistencia a la detención, señalando que lo habían hecho para evitar una prueba que el primero de los detenidos debía enfrentar en la Escuela de Agronomía. Para ello,el día antes habían buscado en internet diversas fórmulas para confeccionar un artefacto que la policía calificó como “elementos químicos de expansión forzada”. La acción efectivamente, aparte de provocar conmoción en el recinto universitario, obligó a sus autoridades a suspender todo tipo de actividades.

Tanto I.O.C,  con domicilio en Viña del Mar y su amigo, T.P.G. oriundo de Quintero, fueron detenidos durante las últimas horas tras una investigación y procedimiento policial desarrollado por la PDI y el Ministerio Público. El tribunal determinó tras una breve audiencia la libertad de ambos con las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual, decretando 90 días para la investigación y pese a la conmoción que provocó el hecho, prohibió la entrega de sus nombres completos y la publicación de sus rostros.

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